¿Cómo impacta el Acuerdo de Escazú en mis derechos?
Más de 100 países, incluida gran parte de América Latina y el Caribe, reconocen en sus constituciones el derecho a vivir en un medioambiente sano. Así lo destaca la Comisión Económica de la región, CEPAL, evidenciando el creciente consenso sobre la importancia de la protección ambiental y el desarrollo sostenible, que se fortalece con la creación del Acuerdo de Escazú.
Este tratado ha sido catalogado por la exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, como “un acuerdo visionario y sin precedentes… que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región”.
En seguida te contaremos por qué el Acuerdo de Escazú es una herramienta innovadora y con visión de futuro, pero antes veamos cuál es el rol de Chile.
Tras una amplia mayoría en el Congreso, Chile se convirtió en el 13° Estado Parte del acuerdo, a partir del 13 de junio de 2022. Y con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo en el país, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra desarrollando diversas acciones que también trataremos en este artículo.
Primero revisemos las características del tratado.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es el primer y único tratado en materia medioambiental de América Latina y el Caribe, que, además, representa un hito significativo en la promoción de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Esos derechos se basan en garantizar la implementación plena y efectiva del derecho a vivir en un medioambiente sano y bajo un desarrollo sostenible. De hecho, ello es parte del objetivo de este acuerdo.
Pero también busca implementar otros derechos sobre los que profundizaremos en este artículo, como el acceso a la información ambiental y la protección a los defensores ambientales, condición necesaria para garantizar el derecho a un ambiente sano.
¿Qué implica ser un Estado Parte?
Cuando un país ratifica o se adhiere al Acuerdo de Escazú, se compromete y obliga internacionalmente a seguir y aplicar los principios y disposiciones estipulados para fortalecer la protección de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Ser un Estado Parte también es una oportunidad de cooperación regional. Ello permite intercambiar conocimientos y experiencias, enfrentar problemáticas comunes, promover soluciones conjuntas y compartir buenas prácticas en materia medioambiental.
Asimismo, esta cooperación fortalece la voz de América Latina y el Caribe, haciendo que los países de la región puedan influir en la toma de decisiones globales sobre temas climáticos y de biodiversidad. Ello genera que el acuerdo sea un referente mundial en la materia.
¿Cuáles son los Estados Parte?
El acuerdo adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, entró en vigencia el 22 de abril de 2021 y en la actualidad cuenta con 15 Estados Parte:
- Antigua y Barbuda.
- Argentina.
- Belice.
- Bolivia.
- Chile.
- Ecuador.
- Granada.
- Guyana.
- México.
- Nicaragua.
- Panamá.
- San Vicente y las Granadinas.
- San Cristóbal y las Nieves.
- Santa Lucía.
- Uruguay.
Qué derechos garantiza el Acuerdo de Escazú
Este acuerdo no solo destaca el derecho a un medioambiente sano, también garantiza derechos fundamentales para fortalecer la toma de decisiones en el ámbito ambiental. Condición que la ONU califica como clave a la hora de alcanzar el desarrollo sostenible, a nivel nacional, regional y global.
Se trata de derechos de acceso que constituyen los pilares de la democracia ambiental y son esenciales para asegurar una gobernanza participativa y justa.
Ahondemos en ellos:
1. Acceso a la información ambiental
El Acuerdo de Escazú garantiza este acceso como un derecho elemental para todas las personas. Establece la obligación de los países en generar, recopilar y divulgar información ambiental relevante, confiable y actualizada, que debe estar disponible en formatos accesibles para asegurar su comprensión.
En concreto, como estipula el acuerdo:
Se trata de dar acceso a información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medioambiente y a los recursos naturales. Ello incluye lo relacionado con riesgos ambientales y posibles impactos adversos que afecten o puedan afectar a la salud.
¿Cuál es la importancia de acceder a información ambiental?
Ello no solo permite participar en los procesos de toma de decisiones, con más y mejor información, sino que también, supervisar las acciones de las autoridades en materia ambiental.
¿Cómo puedes acceder a información pública?
Depende del tipo de antecedentes que desees obtener, pero la ley regula dos clases de procedimientos:
- Transparencia activa: revisando el contenido público y actualizado que mantiene de forma permanente el Estado en sus distintos canales electrónicos. Por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana.
- Transparencia pasiva: haciendo una solicitud mediante la Ley de Transparencia a organismos del Estado o al Consejo para la Transparencia. Por ejemplo, los contratos que dieron paso a un proyecto de impacto medioambiental.
2. Acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales
Este segundo pilar o derecho promueve la inclusión y la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y en la formulación y ejecución de políticas de carácter ambiental.
Ello implica que cada persona tiene el derecho de expresar sus opiniones, realizar propuestas y plantear preocupaciones en relación con los temas que le afectan en esa materia. A la vez, tales opiniones deben ser consideradas cuando la autoridad tome una decisión al respecto.
¿De qué manera se garantiza este acceso?
Facilitando herramientas y canales de comunicación accesibles, tal que cualquiera pueda participar —de modo individual o colectivo— sin importar su nivel de educación o situación socioeconómica. Es decir, los procesos de participación deben ser abiertos e inclusivos.
En síntesis, algunos aspectos clave para hacer efectivo este pilar incluyen:
- Involucramiento temprano de la ciudadanía en los procesos de planificación y toma de decisiones ambientales.
- Acceso a la información y documentación relevante sobre proyectos y políticas ambientales.
- Consultas públicas y audiencias para recoger las opiniones y aportes de las personas.
- Establecimiento de mecanismos de retroalimentación y respuesta a las inquietudes de la población.
¿Por qué es importante el acceso a la participación ciudadana?
Además de integrar las preocupaciones y el conocimiento de las personas en las decisiones que afectan al medioambiente; el acceso a la participación en una etapa temprana contribuye a prevenir conflictos socioambientales.
Así lo especifica el Ministerio del Medio Ambiente junto a la Superintendencia del ramo y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su “Guía para entender y explicar el Acuerdo de Escazú”. A lo cual agrega que:
Este derecho aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna. Asimismo, construye consensos y mejora la aceptación y el cumplimiento de las decisiones, porque las personas se sienten parte de estas.
3. Acceso a la justicia en asuntos ambientales
Mediante este pilar, el Acuerdo de Escazú garantiza que las personas o grupos afectados por alguna decisión de una autoridad tengan el derecho de contar con asistencia técnica y jurídica gratuita para proteger sus derechos ambientales y de acceso.
Esto implica la existencia de procedimientos accesibles, transparentes y equitativos, así como la protección de los defensores ambientales frente a amenazas, intimidaciones o represalias por su labor. Punto en el que profundizaremos luego de contestar la siguiente pregunta.
¿Por qué es importante contar con este tercer derecho?
La comunidad o persona afectada puede acceder a mecanismos legales que permitan impugnar o cuestionar cualquier decisión que se relacione con:
- El acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, u otra decisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medioambiente.
En este sentido, como lo enfatiza el Ministerio del Medio Ambiente en su guía, el acceso a la justicia asegura el respeto de los derechos ambientales y de acceso, garantizando su eficacia y protección.
Protección de los defensores ambientales en el Acuerdo de Escazú
Esta disposición también forma parte de los derechos garantizados por el acuerdo, pero además es una de sus características más innovadoras.
¿Por qué?
Porque por primera vez en un tratado internacional se reconoce de manera explícita la obligación de los Estados de proteger a quienes realizan una labor de defensa de los derechos ambientales .
Pero revisemos el contexto para entender cuán imprescindible es esta protección.
En promedio, 4 defensores ambientales son asesinados cada semana en algún lugar del mundo. Una cifra alarmante que entrega John H. Knox, exrelator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medioambiente.
Y la CEPAL aporta otra información igual de preocupante:
En su informe “El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental” comparte que diversos estudios ubican a América Latina como la región del mundo que representa el mayor riesgo para quienes se encuentran en la primera línea de la protección ambiental.
Agrega que ello se materializa en acciones como la violencia de género, las amenazas, los asesinatos, las intimidaciones y el acoso judicial, entre otras.
Por lo mismo, la existencia de este acuerdo es más relevante que nunca. No solo busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, sino que ofrece un marco legal y un conjunto de herramientas para que quienes velan por la protección del medioambiente no vean socavada su labor por la violencia y la intimidación.
De qué modo se ejerce la protección de los defensores ambientales
El Acuerdo de Escazú establece importantes disposiciones para salvaguardar la seguridad y bienestar de los defensores.
- Promueve la implementación de medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar formas de violencia, amenazas o represalias. Esto incluye la adopción de políticas integrales de protección, la investigación y sanción de actos de violencia, así como la reparación integral en caso de daños.
- Garantiza un entorno seguro y propicio para su labor. De ese modo, se busca que las personas, grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
- Reconoce, protege y promueve todos los derechos de los defensores. Esto incluye su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas, y derecho a circular libremente.
Qué hacer si los defensores son amenazados
Si recibes información sobre alguien que está siendo amenazado por su labor de defensa o tú te sientes en peligro como defensor, es indispensable saber qué medidas adoptar o a qué organismos recurrir.
En Chile, el Ministerio Público en coordinación con las policías, es el encargado de la persecución penal y de solicitar a los tribunales competentes la aplicación de medidas cautelares para brindar una protección rápida.
¿Cómo denunciar?
- Puedes acceder al canal de denuncias del Ministerio Público y descargar el formulario para aportar los antecedentes necesarios.
- También es posible denunciar en los canales de contacto institucionales del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental o de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Frente a esta segunda alternativa es importante aclarar que ninguno de estos tres órganos del Estado cuenta con competencias de persecución penal para proteger a las personas frente a amenazas, pero sí pueden orientar y derivar los antecedentes al Ministerio Público.
Autoridad responsable de la aplicación y cumplimiento del Acuerdo
El seguimiento y cumplimiento del Acuerdo de Escazú recae en diferentes actores, tanto organismos estatales como la sociedad civil, quienes juegan roles fundamentales para garantizar su implementación efectiva y la protección de los derechos ambientales en Chile.
Rol de los organismos estatales
Los organismos estatales tienen la responsabilidad de ejecutar y aplicar las disposiciones del acuerdo, promoviendo la transparencia en el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.
En ese sentido, es el Ministerio del Medio Ambiente el órgano al que se le ha otorgado la labor de impulsar la implementación del acuerdo.
¿A quién puedo exigirle el cumplimiento del acuerdo?
Depende del rol que ejerce cada estamento. Por ejemplo, pueden existir:
- Obligaciones aplicables a los Tribunales Ambientales o a jueces, como lo acabamos de ver con la protección a los defensores.
- Requerimientos concernientes a la evaluación de impacto medioambiental de proyectos, lo que corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental.
Participación de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos ambientales desempeñan un rol activo en la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las disposiciones del acuerdo.
La participación ciudadana se fortalece a través de mecanismos de diálogo y consulta, que permiten a la sociedad civil hacer oír su voz en las decisiones relacionadas con el medioambiente.
¿Pero qué se entiende por sociedad civil?
Esto no solo involucra a organizaciones y defensores ambientales, sino que a la población en general. Ello incluye especialmente a personas o grupos vulnerables, como mujeres y pueblos indígenas, que se ven directamente afectados por las decisiones ambientales.
Su involucramiento activo en la implementación del Acuerdo de Escazú contribuye a asegurar que sus derechos sean protegidos y que se promueva un desarrollo sostenible y justo en el país.
¿Cómo se está implementando el Acuerdo de Escazú en Chile?
Chile ha implementado el tratado desarrollando diversas acciones:
- Ejecución del primer diagnóstico sobre el estado de cumplimiento actual de los derechos de acceso, incluyendo el nivel de protección de las personas defensoras.
- Elaboración de una propuesta de gobernanza y coordinación interinstitucional para la implementación del acuerdo.
- Desarrollo del Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) para evaluar las brechas, oportunidades y definir las medidas prioritarias para su incorporación plena y efectiva en Chile.
Este plan se basa en la premisa de que, para lograr una implementación adecuada, es fundamental contar con la colaboración y el diálogo de todos los sectores de la sociedad.
En ese sentido, se busca:
- Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana para la elaboración y evaluación de políticas y medidas ambientales.
- Impulsar la capacitación y formación de la sociedad civil en temas ambientales.
- Promover la creación de espacios de diálogo y colaboración entre los diferentes actores involucrados.
- Implementar mecanismos de acceso a la información ambiental.
Así, la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile y otros países de Latinoamérica se ha convertido en un aspecto clave para una gestión ambiental eficiente y democrática, reafirmando lo establecido en el Principio 10 de la Declaración de Río: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados".